El vicepresidente Junqueras, siete consejeros del gobierno y los dos máximos dirigentes de las entidades soberanistas están en la prisión. El presidente Puigdemont y cuatro consejeros más están en el exilio en Bruselas con una orden de extradición pendiente de decisión por la justicia belga. Mientras tanto, la autonomía catalana ha sido intervenida y la administración se gestiona desde Madrid. Se han impuesto unas elecciones contra la voluntad de la mayoría democrática de Cataluña que se harán el día 21 de diciembre. ¿Cuáles son las acciones que se pueden hacer para responder a esta situación? ¿Qué puede ayudar más a confirmar la República proclamada el 27 de octubre?
Estas preguntas y muchas más se debaten estos días a las asambleas de activistas de los pueblos, barrios y ciudades, y se las hace también mucha gente individualmente que busca la mejor manera de ayudar. El movimiento independentista catalán ha hecho las movilizaciones más grandes de Europa estos últimos siete años. La escalada fortísima de represión de este otoño ha hecho que muchos colectivos, asambleas y activistas se preguntaran si hacía falta también cambiar la manera de actuar y de combatir la hostilidad del estado español. La huelga de ayer es un ejemplo.
Apagón de luz
Entre las acciones que buscan un impacto cuantitativo, la idea de apagar la luz de casa unos cuantos minutos cada día es de las más sencillas y claras. El impacto de la acción se puede comprobar en el recibo de la electricidad a la cabeza del mes. Y se puede comprobar en los índices de consumo y gasto eléctrico. Las compañías de energía son, mayoritariamente, en manos de las oligarquies del estado español. Las puertas de sus consejos de administración son giratorias y sus butacas hacen la función de pagar servicios prestados, favores y tratos de interés.
De alguna manera, las compañías de electricidad y de energía son estructuras de estado en España. Que sean estas las empresas que reciben las repercusiones de una acción de protesta no es paso incoherente con las razones que han llevado hasta la situación actual. Además, el participante en la protesta tan sólo tiene el perjuicio de los diez minutos diarios que tiene que estar sin electricidad (que conviene que sean diez minutos habituales de actividad y gasto energético) y, en cambio, sale beneficiado económicamente.
Cortar vías de comunicación
Estos últimos días, a raíz del encarcelamiento de miembros del gobierno, se han hecho algunos cortes de circulación en las autopistas, avenidas neurálgicas y vías de tren. Para cortar una vía no hace falta mucha gente, pero pueden ser muchas las personas que salen perjudicadas sin tener ninguna responsabilidad ni simpatía por la represión del estado español. El objetivo de estas acciones es hacer visible la fuerza que pueden tener los colectivos organizados para hacer sentir sus reivindicaciones. Con todo, hay que calcular con realismo si aquello que se consigue es proporcional al daño que se causa a la gente que puede llegar tarde al trabajo o a llevar los hijos a las escuelas, por ejemplo.
En este sentido, En Pie de Paz hace la siguiente reflexión: ‘La acción nunca renuncia a la no-violencia y fomenta la participación, el apoyo o empatía del número más grande de personas –cercanas y lejanas– y genera rechazo al menor número de personas posible.’ Hay un corte de vías de comunicación que tiene un objetivo que va más allá de la visibilidad. Se trata de los cortes de las vías centrales del transporte de mercancías. El objetivo entonces es causar un impacto en la productividad y hacer tambalear la economía. En este caso, hay que valorar a quién va dirigida esta medida de presión y analizar si la acción realmente causa perjuicio económico a este objetivo.